Foto: Presidencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el denominado Plan B de la reforma electoral, una propuesta enviada al Senado que busca reducir privilegios, optimizar recursos públicos y fortalecer la revocación de mandato.
El posicionamiento ocurre a una semana de que la primera iniciativa fuera rechazada en la Cámara de Diputados, en un contexto de creciente debate político.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a los cuestionamientos de la oposición, particularmente en torno a la revocación de mandato, señalando que algunas críticas tienen un trasfondo “machista”.
Sheinbaum sostuvo que el nuevo planteamiento mantiene el objetivo de fortalecer la participación ciudadana, al permitir que la población decida sobre la continuidad del titular del Ejecutivo.
¿Qué incluye el Plan B de la reforma electoral?
El proyecto contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con ajustes estructurales al sistema electoral mexicano.
Entre los puntos centrales destaca la revocación de mandato, que se propone realizar el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que ubicaría su posible aplicación en 2027 o 2028.
Asimismo, se incorporan cambios en la elección judicial y en los mecanismos de organización electoral.
Uno de los ejes principales del Plan B es la reducción de regidurías en ayuntamientos, estableciendo un rango de entre 7 y un máximo de 15 integrantes.
También se plantea un tope presupuestal para los congresos locales, fijado en el 0.70% del presupuesto estatal, con el objetivo de redirigir recursos hacia infraestructura y programas sociales.
Fiscalización electoral y papel de la UIF
La iniciativa propone fortalecer la supervisión del gasto electoral mediante la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tendría la facultad de revisar gastos de campañas con mayor rapidez.
Este enfoque busca mejorar la transparencia y control financiero dentro de los procesos electorales.
El Plan B incluye la posibilidad de iniciar el conteo de votos desde la recepción del primer paquete electoral, con la intención de agilizar los resultados.
Además, se establece que funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales y organismos locales deberán percibir salarios menores al del titular del Ejecutivo federal, como parte de una política de austeridad.
En su intervención, Sheinbaum reiteró su postura a favor de eliminar los legisladores plurinominales por lista, así como de reducir los recursos destinados a los partidos políticos y al sistema electoral.
Estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a disminuir costos y redefinir la representación política en el país.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el Plan B busca reducir privilegios en municipios y congresos locales, para que los recursos públicos se destinen directamente al bienestar de la población.
También subrayó que la revocación de mandato es un derecho ciudadano clave, que permite evaluar la continuidad del gobierno en turno.
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